ACIERTO O SALTO AL VACÍO

OPINIÓN: CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL

La decisión del gobierno se encamina por tener una nueva ley magisterial. Lo positivo es que recoge gran parte de lo dispuesto en la Ley de Carrera Pública Magisterial. La duda es, siendo así, por qué es necesario derogar una norma que no llegó a tres años de implementación y sin ningún diagnóstico oficial que respalde la conveniencia de reemplazarla. Además, la forma como surge el proyecto de ley, sin consultas previas a los directamente afectados, genera una mayor polarización y desconcierto del profesorado. Los que pertenecen a la Carrera Pública Magisterial preguntan sobre su futuro, si valió la pena hacer tanto esfuerzo para capacitarse, someterse a varias evaluaciones para ingresar a ella y luego ver que el resto de profesores se incorporará automáticamente, sin evaluación y con mejora salarial. La credibilidad del Estado para cumplir sus normas se ha puesto en cuestión. La incógnita mayor está en la sostenibilidad financiera y técnica de la ley. El costo de la Carrera Pública Magisterial, estimado en S/.2 800 millones, resultaba un argumento poderoso para no pensar en su implementación rápida, pero igual de importante es la capacidad de implementar todos los mecanismos implícitos en la ley propuesta. El Ministerio de Educación no cuenta con esa capacidad. ¿La tendrá en el futuro?. De no tenerla, es posible que antes que termine este gobierno estemos nuevamente cuestionando la nueva norma. Se recuerda que el principal cuestionamiento a la administración de la ministra Salas es precisamente la gestión. Cierto, más que en problemas legales, en lo que hay consenso es que la Carrera Pública Magisterial tuvo una desafortunada gestión y la oposición del sindicato y de varios funcionarios de la administración regional y de la Unidad de Gestión Educativa Local. La interrogante es si esta valla podrá superarse con la nueva ley. No se debaten temas que aseguren que la gestión será mejor. Ninguna referencia sobre plazos para contar con un eficiente sistema de información que permita conocer, de una vez por todas, cuántos docentes son. Sus especialidades, áreas de desempeño, grados, títulos y años de servicio. Tampoco hay propuestas que aseguren financiamiento para la gestión y modernización tecnológica indispensables, que empoderen al director de escuela, respaldo por la administración, que rinde cuentas y es seleccionado entre lo mejor en el país. Por el contrario, el enfoque de gestión perpetúa el fuerte intervencionismo de la administración, así como la resistencia a dar más autonomía a la escuela. Es el momento de preguntarse: ¿por qué la escuela pública tiene que ser de menor calidad que la privada?. El informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA 2009 mostró que cuando se transfiere más autonomía y se refuerza la autoridad del director, las escuelas fortalecen su compromiso con los objetivos, resultados, control y evaluación. Asímismo, logran un mejor ambiente de trabajo y aprendizaje.

MERITOCRACIA: Así como la igualdad no es ofrecer a todos lo mismo, la inclusión no es incorporar al 100% de profesores al nuevo régimen. ¿Se aplicarían correctamente los conceptos de inclusión y meritocracia?. Así como la igualdad no significa ofrecer a todos lo mismo, la inclusión no es sinónimo de incorporar al 100% de profesores al nuevo régimen. Hay de los que buscaron excluirse al no creer en la meritocracia ni aceptar que la evaluación del desempeño arriesgue su estabilidad laboral. Estos últimos continuarán una resistencia pasiva a la aplicación de la nueva ley. ¿Cómo evaluar 100 mil docentes por año?. La propuesta del Ministerio de Educación tiende a un procedimiento de evaluación complejo que demanda evaluadores calificados y logística altamente desarrollada. Con más experiencia y una metodología similar, Chile solo logra evaluar anualmente 15 mil docentes.

Corresponde al Congreso organizar el debate sobre esta trascendente norma. Una amplia base de profesores y padres de familia debería consultarse, y en el plano técnico y económico, evaluar la factibilidad y sostenibilidad de lo legislado. El país no puede equivocarse. Son suficientes las brechas que nos separan de países que compiten con nosotros como para aumentarlas.